El 3 de mayo de 2021, la Ciudad de México vivió una de las tragedias más graves en su historia reciente cuando un tramo elevado de la Línea 12 del Metro colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco. El derrumbe provocó la muerte de 27 personas y dejó al menos 80 heridos, marcando profundamente a las familias afectadas y a toda la ciudadanía.

Cuatro años después, las heridas siguen abiertas. No solo por el dolor de la pérdida, sino por la impunidad. A la fecha, no hay responsables señalados ni sentencias firmes. El proceso judicial avanza con lentitud, mientras la indignación crece entre la población. La sombra de la sospecha se cierne sobre actores políticos que hoy ostentan el poder, alimentando la percepción de que la justicia no ha llegado porque los responsables podrían estar entre quienes gobiernan.

En el marco del cuarto aniversario del colapso, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) presentó un informe con 740 observaciones técnicas sobre la estructura de la Línea 12. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentra la detección de 37 grietas que requieren monitoreo constante y, en algunos casos, trabajos inmediatos de reparación.

Estos datos refuerzan la preocupación de expertos y ciudadanos por las condiciones de seguridad en el resto de la línea. A pesar de los trabajos de rehabilitación, subsisten dudas sobre la integridad estructural y la transparencia en las decisiones técnicas.

Más allá de los informes técnicos y los anuncios oficiales, lo que no cambia es la falta de responsables. Las promesas de castigo a quienes permitieron la tragedia se han quedado en el discurso. La tragedia de la Línea 12 se ha convertido en un símbolo de impunidad y desconfianza institucional.

Mientras no haya justicia clara y acciones contundentes para evitar nuevas tragedias, las víctimas seguirán esperando respuestas, y la ciudadanía continuará cuestionando si en México la ley aplica para todos… o solo para algunos.