El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, informó sobre el amplio avance en la propuesta de reforma al Código Urbano del Estado de Querétaro. Esta iniciativa tiene como objetivo evitar rezagos en la entrega de fraccionamientos y reordenar los procesos de urbanización, desarrollo habitacional y planificación territorial.

La reforma busca una transformación estructural profunda para cerrar los espacios legales que han permitido abusos y malas prácticas en el desarrollo inmobiliario en todo el estado. Chepe Guerrero trabaja en conjunto con los diputados Mauricio Cárdenas y Toño Zapata para garantizar transparencia y certeza jurídica en el desarrollo urbano.

“Estamos trabajando de la mano con nuestros diputados y acudiré a la Legislatura para presentar personalmente esta reforma. La intención es abordar este tema de manera integral y resolverlo de fondo, no solo con un posicionamiento sobre uno u otro desarrollador, sino con reformas y adiciones que nos permitan manejar el tema de la mejor manera”, declaró Chepe Guerrero.

Entre los puntos destacados de la reforma se encuentran:

Fortalecimiento de las facultades municipales: Ampliación de la competencia del Municipio para intervenir en la rendición de cuentas de las mesas directivas de condominios, cuando exista incertidumbre sobre su gestión o a solicitud del 30% de los condóminos.
Inscripción obligatoria: Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deberán inscribirse en el Registro Público.
Reducción de plazos legales: Se acortará de dos años a un mes el plazo máximo para que el desarrollador entregue formalmente el fraccionamiento al municipio, una vez notificado el acuerdo.
Próximamente, el Ayuntamiento de Corregidora realizará una entrega importante de un desarrollo ubicado sobre la carretera de cuota a Celaya, ejemplificando cómo se puede avanzar en la entrega de fraccionamientos mediante el diálogo entre desarrolladores, vecinos y autoridades municipales.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal de Corregidora busca establecer una nueva etapa de legalidad y transparencia en el desarrollo urbano, asegurando que los ciudadanos reciban servicios e infraestructura de calidad desde el primer momento.