Un operador de transporte de carga fue víctima de un intento de asalto sobre la autopista México-Puebla, a la altura del tramo comprendido entre Llano Grande y Río Frío, mientras se dirigía con rumbo a San Martín Texmelucan. Pese a que logró frustrar el atraco y salvar su integridad, el conductor terminó recibiendo un disparo y, posteriormente, fue sancionado con el costo del arrastre de su unidad, lo que ha desatado una ola de indignación en el gremio transportista.

El hecho ocurrió el pasado martes, cuando el operador se vio sorprendido por sujetos armados que intentaron interceptar su unidad en uno de los tramos más peligrosos de esta autopista, reconocida por el elevado número de robos y agresiones contra transportistas. En un acto de valor, el conductor logró maniobrar para evitar que los agresores concretaran el asalto, pero en el proceso recibió un impacto de bala en la parte alta del pecho.

A pesar de la gravedad de la lesión, el operador herido logró mantener el control del vehículo y condujo hasta la caseta de cobro de San Martín Texmelucan, en busca de auxilio. Al llegar al punto de resguardo, fue atendido por elementos de la Guardia Nacional y personal médico, quienes le brindaron los primeros auxilios. Afortunadamente, su estado de salud fue reportado como estable.

No obstante, lo que parecía un acto heroico y una historia con final favorable dio un giro inesperado. En el lugar, una grúa especializada en el arrastre de vehículos de carga fue desplegada para asegurar la unidad afectada, como parte del procedimiento para la investigación del ataque. Sin embargo, se notificó al operador que el costo del servicio debía ser cubierto por él mismo o por la empresa para la que trabaja.

La decisión de imponer este gasto adicional al conductor, quien ya había sido víctima de un intento de robo y había resultado herido, fue duramente cuestionada por integrantes del sector transportista y por usuarios habituales de esta vía. En redes sociales y medios especializados, la noticia ha generado una fuerte oleada de inconformidad, señalando que se trata de una medida injusta que revictimiza al trabajador del volante.

El caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sector del autotransporte en México, no sólo por la inseguridad imperante en carreteras federales, sino también por las cargas económicas y legales que recaen sobre los operadores, incluso en contextos de agresión o riesgo extremo. Exigen que se revisen los protocolos de actuación para garantizar un trato justo a quienes, día con día, enfrentan peligros en su labor por mantener activa la cadena de suministro en el país.