La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró la vinculación a proceso de 12 personas detenidas en la ciudad de Querétaro, por su presunta participación en delitos relacionados con el acopio y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, así como delitos contra la salud, con la agravante de pandilla.
Los operativos que derivaron en estas detenciones se llevaron a cabo mediante una acción coordinada entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro. Como resultado, se catearon dos inmuebles donde se aseguró una gran cantidad de armamento y sustancias prohibidas.
En el primer cateo fueron detenidos David “M”, Pedro “J”, Juan “R” y José “Q”, a quienes se les confiscó tres armas cortas, un arma larga, cinco cargadores, 141 cartuchos, un portafusil, drogas como cocaína, clorhidrato de metanfetamina y marihuana, así como cinco teléfonos celulares, dos radios portátiles y diversos documentos.
En el segundo operativo fueron capturados Luis “L”, Bryant “L”, Cristo “R”, Luis “S”, Diego “M”, Edgar “R”, Juan “B” y Francisco “J”. En este lugar se decomisaron 19 armas largas y dos cortas, 126 cargadores, mil 683 cartuchos útiles, 12 chalecos balísticos, seis placas balísticas, más de 12 kilos de clorhidrato de metanfetamina, más de un kilo de marihuana, tres radios de comunicación y un inhibidor de señal.
Tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público de la Federación (MPF), un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro dictó vinculación a proceso para los doce imputados. A David “M”, Pedro “J”, Juan “R” y José “Q” se les imputa la posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de delitos contra la salud. En tanto, a los otros ocho detenidos se les señaló por acopio de armas, posesión de cartuchos y cargadores restringidos, y delitos contra la salud.
Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva a todos los vinculados, y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
