La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que obtuvo la vinculación a proceso de Marcos “N” por siete hechos de fraude genérico y fraude genérico calificado, relacionados con el ofrecimiento de licencias, trámites y supuestos apoyos económicos, para los cuales presuntamente se hacía pasar por servidor público.
De acuerdo con las investigaciones, el imputado solicitaba dinero a las personas afectadas a cambio de gestionar diversos servicios, entre ellos licencias para la venta de alcohol, vistos buenos de Protección Civil, refrendos y acceso a un supuesto programa de préstamos a fondo perdido.
Para aparentar que cumplía con los trámites ofrecidos, presuntamente entregaba documentos y placas apócrifas que contenían logotipos falsificados.
Como parte de las diligencias, personal ministerial solicitó información a las dependencias correspondientes para verificar la autenticidad de los documentos y determinar si Marcos “N” contaba con facultades para realizar dichos procedimientos.
Las investigaciones permitieron establecer que el imputado no estaba facultado para emitir las licencias que ofrecía y que las relacionadas con la venta de alcohol corresponden a la competencia estatal.
Cateo permitió asegurar documentos falsos
Durante el desarrollo de la investigación, la Fiscalía de Querétaro, con apoyo de la Policía de Investigación del Delito (PID), ejecutó una orden de cateo autorizada por un juez de Control.
En el inmueble intervenido fueron asegurados documentos apócrifos relacionados con los hechos investigados.
Con los datos de prueba reunidos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Marcos “N”, la cual fue cumplimentada para presentarlo ante la autoridad judicial.
Juez ordena prisión preventiva
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba correspondientes a los siete hechos investigados.
Tras analizar la información, un juez de Control determinó vincular a proceso a Marcos “N” por los delitos de fraude genérico y fraude genérico calificado.
Además, le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento penal.
La autoridad judicial también fijó un plazo de un mes para el desarrollo de la investigación complementaria.



