Un caso inédito ha generado polémica en Durango, luego de que una mujer denunciara públicamente que su expareja cambió legalmente de identidad de género con el presunto objetivo de evadir el pago de la pensión alimentaria de su hija.

De acuerdo con el testimonio de Gloria Valentina Méndez, su exesposo Cristian Montenegro habría utilizado recursos legales para frenar procesos judiciales en su contra, al tiempo que aceleró denuncias a su favor, lo que —señala— pone en duda la actuación imparcial del sistema de justicia.

El caso tomó mayor relevancia cuando, durante una audiencia, Montenegro presentó un acta de nacimiento actualizada, en la que es reconocido legalmente como mujer, solicitando al juez ser tratado bajo perspectiva de género, petición que fue aceptada por la autoridad judicial.

En contraste, Méndez aseguró que ella fue vinculada a proceso por un presunto delito sin una investigación previa, situación que considera un posible acto de tráfico de influencias y un uso indebido de vacíos legales.

Este hecho ha reavivado el debate nacional sobre la aplicación de la perspectiva de género en los tribunales, la protección de mujeres y menores, y la necesidad de ajustar los marcos legales para evitar que derechos legítimos sean utilizados como mecanismos para evadir responsabilidades parentales.

Diversos sectores sociales y jurídicos advierten que, de no revisarse este tipo de casos, podría sentarse un precedente delicado en materia de justicia familiar en México.